El Ministerio de Hacienda ha ampliado este martes la deducción creada hace un año para evitar que los trabajadores que cobran el salario mínimo interprofesional (SMI) tengan que destinar una parte del incremento del 3,1% aprobado por el Consejo de Ministros al pago de IRPF. El Gobierno ha decidido elevar de los 340 euros actuales a 591 euros la deducción pensada para cubrir la distancia entre el denominado «mínimo exento» de tributar (15.876 euros) y el nuevo SMI (17.094 euros). Una fórmula con la que el Gobierno permite que estos trabajadores recuperen lo aportado durante el año a la hora de hacer la declaración de la Renta y que beneficiará a todos los salarios inferiores a 20.000 euros.

El Ministerio de Trabajo llegó a un acuerdo con los sindicatos, firmado este lunes junto al presidente del Gobierno, para mejorar en 37 euros mensuales las nóminas más bajas. A partir de hoy (aunque tiene efectos desde el 1 de enero de 2026) el SMI pasa a situarse en 1.221 euros al mes, la cifra que había aconsejado la comisión asesora para situarlo en el 60% del salario medio si quedaba exento de tributación, como ha recordado esta mañana la vicepresidenta María Jesús Montero. El acuerdo con los dirigentes de CCOO y UGT iba acompañado de este compromiso de Hacienda, que ha canalizado en el real decreto-ley que contiene las ayudas para las zonas afectadas por las lluvias.

La deducción de 591 euros cubrirá todo lo que se resta de la nómina a los trabajadores que cobran el SMI en concepto de IRPF, tanto la aportación correspondiente al tramo autonómico como al estatal. Y después, se espera que como sucedió en 2025, la deducción tenga un despliegue progresivo por el que la ventaja se extienda de forma gradual para todos los salarios inferiores a 20.049 euros anuales (1.432 al mes) para compensar el efecto del «salto» o la «joroba» del IRPF, por la que el tipo marginal aplicado a estos sueldos se acerca al 50%, el que soportan los sueldos más elevados.

 
Esta política supone un cambio respecto a los ajustes efectuados hasta 2024, años en los que se modificaba el mínimo personal y familiar para conseguir que el salario mínimo quedase excluido directamente del pago de IRPF, en lugar de tener que presentar la declaración de la Renta para poder recuperarlo, como volverá a suceder este 2026. Los técnicos de Hacienda (Gestha) han considerado que el ajuste del mínimo exento era más recomendable que el atajo aplicado en los dos últimos años y reclamaron ampliar este beneficio a pensionistas y desempleados con este umbral de ingresos.

La fórmula también ha sido cuestionada por los sindicatos, que la calificaron como un «parche» y por los empresarios. Los agentes sociales reclaman al Gobierno una solución permanente, que entienden que debe pasar por una reforma de la ley del IRPF y no por ajustes puntuales en función de las alzas del SMI, dado que defienden que no tiene sentido dejar libre de tributar a un salario que un año antes sí que estaba haciendo esta aportación a las arcas públicas. Además, los sindicatos se han mostrado críticos con que el Estado asuma parte del coste de la mejora de estos salarios al recaudar menos.

Esta casuística queda evidenciada en los datos compartidos por el Gobierno. «Una persona que cobre el SMI en 2026 pagará 356 euros menos de IRPF que el año pasado» se lee en una de las diapositivas que han acompañado la intervención de Montero. El salario de 17.094 euros al mes soportaba en 2018, a la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa un tipo impositivo en el IRPF del 9% que ha evolucionado a la baja y que hoy se reduce a 0 con la ampliación de la citada deducción para el SMI.